México (Agencias).- En todos los estados del país se ha detectado lavado de dinero por el robo de combustible, pero son siete entidades las que concentran 8 de los 10 mil millones de pesos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó del blanqueo de recursos provenientes del huachicol.
«Encontramos casi 10 mil millones de pesos relacionados con los reportes de operaciones inusuales y relevantes de los bancos en todas las entidades; hay unas con mayor incidencia».
«Ciudad de México con mil 204 millones de pesos; Estado de México con 2 mil 426; Michoacán, mil 125; Guanajuato, mil 176; Puebla, mil 654 y Querétaro 993 millones de pesos, siendo con Hidalgo, los estados con mayor presencia de actividades”, detalló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia financiera de SHCP, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.
Nieto detalló que la hipótesis para la investigación se basó en la necesidad de verificar las ventas de las gasolineras y las compras a Pemex o importación.
«En un primer barrido, de esas 50 localizamos 32 donde el monto de las ventas era mayor a la compra; ese diferencial entre ventas y compras es la gasolina robada”, indicó.
Santiago Nieto comentó que esta medida ha permitido que se presenten una serie de denuncias ante la Fiscalía General, sustentadas por el SAT, la Unidad de Inteligencia y Pemex, para generar las acciones legales contra 15 personas de manera directa. Agregó que además de estos 15 casos, se han detectado 24, cifra que puede aumentar si los bancos detectan más movimiento irregularidades.
Santiago Nieto agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la facultad de revisar la información que proporcionan diversas instancias, con lo que se concluyó que, en uno de los casos, un exalcalde tenía gasolineras y vínculos con un empresario, que transferían recursos al extranjero y que, en muchos casos, pagaron en efectivo joyas, autos de lujo y obras de arte.
«Esto implicaba que eran recursos de procedencia ilícita que se incorporaba a través de estas transacciones. La legislación permite el control de las cuentas, la presentación de la denuncia y la solicitud del aseguramiento para continuar el proceso penal”, indicó.
