Tamaulipas 26 de Mayo. 2022.- (El Mañana de Reynosa)
El candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, fue declarado prófugo de la justicia luego de que un Juzgado del Ramo Penal emitió, a solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera, una orden de aprehensión contra el político acusado por el delito de lavado de dinero, uso de distintas identidades y de usar recursos de «procedencia ilícita».
El Juzgado mixto radicado en el Décimo Primer Judicial en el municipio de San Fernando dictó el documento de sujeción después que el acusado faltó a tres citatorios de la autoridad, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia.
Ante la evasión de atender los citatorios girados por una autoridad judicial, las consecuencias que enfrenta el demandado van desde la solicitud de orden de presentación con auxilio de la fuerza pública, orden de aprehensión solicitada también ante el Juez y éste también puede decidir vincular a proceso.
De acuerdo a abogados consultados por El Mañana en este caso en particular por ser Carlos Peña Ortiz, candidato de Morena a un puesto de elección popular, podría perder su candidatura al estar inmerso en un proceso penal en su contra, lo anterior de acuerdo al Artículo 38 del Código de Procedimientos Electorales, aunque existe jurisprudencia de que candidatos vinculados a proceso no pierden derechos políticos, si lo dejaría sin participación proselitista.
La demanda entablada a finales del año pasado, cuando Carlos Peña hijo aún no era candidato, va también contra su padre Carlos Peña Garza, quien también no acudió a las audiencias judiciales.
Este jueves, el candidato no tuvo actividad proselitista y además no asistió al debate la noche del miércoles. Asimismo, Peña Ortiz no asistió a una conferencia de prensa en su casa de campaña programada para este jueves y hasta el cierre de edición se desconoce el contenido de su agenda para hoy viernes.
El pasado lunes, por tercera ocasión, Carlos Víctor o Víctor Carlos Peña Ortiz omitió presentarse al cumplimiento del citatorio emitido por un Juzgado Penal del Tribunal Superior de Justicia con sede en San Fernando para responder a la demanda en su contra por presunto uso de recursos de procedencia ilícita en la compra de bienes raíces.
Lo anterior para rendir declaración y presentar argumentos de defensa e inocencia en torno al proceso de demanda en su contra iniciado por Marcelo «N», quien lo acusa de adquirir una propiedad con recursos presuntamente de procedencia ilícita valuados en 5 millones de pesos.
